En una histórica decisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que México es responsable de violar los derechos fundamentales a la libertad personal y a la presunción de inocencia en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. La sentencia, notificada el 12 de abril de 2023, ha generado un importante debate en el ámbito jurídico y destaca la urgente necesidad de reformar ciertas prácticas y leyes penales en el país.

Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz fueron detenidos en 2002 y sometidos a medidas de arraigo, que implicaron su confinamiento por largos periodos sin la presentación formal de cargos en su contra. Estas medidas de arraigo, que duraron 47 y 34 días respectivamente, privaron a los acusados de su libertad personal y violaron su derecho a ser oídos y a la presunción de inocencia. Posteriormente, las víctimas permanecieron en prisión preventiva por más de 17 años antes de ser condenadas por homicidio en mayo de 2022.

La Corte Interamericana ha cuestionado la práctica del arraigo en México, destacando que esta medida restrictiva a la libertad con fines investigativos vulnera los derechos fundamentales de los detenidos. La falta de supervisión y la posibilidad de detenciones arbitrarias son preocupaciones significativas en este contexto. La Corte sostiene que el Estado mexicano ha violado el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia al aplicar el arraigo de manera indiscriminada.

La sentencia también se centra en la prisión preventiva oficiosa, una figura legal que ha generado críticas en México. La Corte considera que esta práctica es intrínsecamente contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. El tribunal también ha señalado que las detenciones de García Rodríguez y Alpízar Ortiz no se ajustaron a las normas internas ni a los estándares internacionales.

Las víctimas fueron sometidas a coacciones y torturas, y estas violaciones no fueron adecuadamente investigadas por el Estado. Además, se vulneró el derecho a ser informado sobre las razones de la detención, y las víctimas no fueron llevadas ante una autoridad judicial de manera oportuna.

Como parte de la sentencia, la Corte ha ordenado al Estado mexicano una serie de medidas de reparación, incluyendo la conclusión de los procedimientos penales en curso, la revisión de las medidas cautelares, la investigación de los casos de tortura, la derogación de las disposiciones de arraigo pre-procesal y la revisión de la prisión preventiva oficiosa en el ordenamiento jurídico interno.

La sentencia del caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz marca un hito en la protección de los derechos humanos en México. Pone a discusión la necesidad urgente de reformar las prácticas penales y las leyes que vulneran la libertad personal y la presunción de inocencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un claro llamado a la acción, y es imperativo que México tome medidas concretas para cumplir con sus obligaciones internacionales y proteger los derechos de sus ciudadanos en el ámbito de la justicia penal.